Según el catedrático de la Escuela Graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas es necesario estipular un documento orientador sobre políticas de salud pública, basado en el consenso de todos los sectores implicados.
La Organización Panamericana de la Salud define las funciones de salud pública como las diversas habilidades que las autoridades sanitarias y la sociedad civil deben desempeñar.
Estas capacidades se orientan hacia el fortalecimiento de los sistemas de salud, con el propósito de asegurar y proteger el derecho a la salud. En este sentido, se busca abordar activamente los factores de riesgo y los determinantes sociales que influyen en la salud de la población.
La Revista Medicina y Salud Pública conversó en exclusiva con el Dr. Hiram Arroyo, Catedrático de la Escuela Graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas, para ahondar sobre las políticas de salud pública aplicadas actualmente en Puerto Rico, tras recientes sucesos que han acontecido en la isla, como la pandemia por COVID-19, la reciente epidemia de dengue, la epidemia de las vías respiratorias, así como el aumento en la incidencia de trastornos mentales.
"Salud pública va más allá de la enfermedad", señaló. "Es decir, no podemos entenderla exclusivamente como un tema vinculado a la parte asistencial, hospitalaria, epidemiológica y de servicios de salud, porque la salud pública moderna, como la entendemos, plantea una cantidad de desafíos enormes".
Acceso a los servicios de salud en Puerto Rico
Y es que según el experto, uno de los puntos importantes que se debe considerar en esta ocasión, de cara a las próximas elecciones, es que se garantice el acceso equitativo a los servicios de salud, independientemente de la situación social, económica y/o cultural de los pacientes.
"Estamos hablando de una propuesta que se tiene que elevar al rango de mayor importancia a nivel del Estado, donde haya una clara política pública de salud pública en el país".
Además, el Dr. Arroyo aseguró que ha indagado sobre el manejo de esta área, y las políticas de promoción de la salud en diferentes países iberoamericanos, pero no ha sido posible hallar la de Puerto Rico.
Por lo tanto, señaló que es necesario que se estipule "un documento declaratorio de expresión social y política, basado en el consenso de los diferentes sectores que hacemos salud pública en este país, donde establezcamos unas líneas orientadoras en la gestión de salud pública y la promoción de salud para el país".
Por otra parte, señaló que durante la investigación sobre las propuestas referentes a este tema por parte de los cinco partidos políticos de la isla, han tenido limitaciones de acceso al documento.
"Ahí hay un primer elemento en términos de posicionamiento de la prioridad que se le pueda estar dando a esta temática. La sociedad civil, la academia y el sector comunitario están en espera de esas propuestas concretas de lo que se entiende por salud pública".
Aún así, el Dr. Arroyo reconoce que la respuesta ante emergencias de salud pública, como la pasada pandemia por COVID-19, fue satisfactoria a pesar del desafío que supuso esta situación, no solo a nivel nacional, sino también internacional.
La nueva salud pública también estipula que la atención a estos asuntos no pueden estar centralizados. De hecho, en una estructura (en este caso el Departamento de Salud), los problemas deben ser afrontados desde una óptica integral.
"Vimos la responsabilidad de los municipios. Ese tema de la municipalización de la salud lo vimos de manera gráfica, y hay que seguir apostando a esos esfuerzo de descentralización de los asuntos de salud, donde ciertamente el Departamento de Salud tenía un rol de dirigir unos esfuerzos, pero hubo una participación decidida por parte de la sociedad civil, la comunidad y la academia".
Desafortunadamente, en los últimos años se ha reportado un incremento en los hechos de violencia intrafamiliar, o relacionado con el tráfico y abuso de sustancias alucinógenas. Sin embargo, para el especialista, estas conductas de riesgo asociadas a la salud mental, anteriormente eran tomadas con mayor urgencia.
"Todos rezaban que era el primer problema social y de salud del país, y en ocasiones veo que se tambalea mucho esa interpretación al presente", enfatizó. "La respuesta del Estado debe ser, todavía, más dramática. Es un asunto multicausal, y también las respuestas tienen que ser diversas".
Y para esto, es necesario que se involucren más sectores, como el sector educativo, para reforzar componentes familiares y sociales, para focalizar esfuerzos en el bienestar y la calidad de vida, incluso a nivel Universitario.
"El Estado, de manera conjunta con los demás sectores sociales, deben seguir inviertiendo en ese accionar programático, formativo a todos los niveles, y un programa serio de promoción de salud escolar. No únicamente echarle la culpa a un estudiante, porque ellos vienen de una unidad familiar, por lo tanto en la escuela tienen que volver a vincularse externo comunitario".
"Tiene que ser una gran alianza que fortalezca el tema de la educación en salud a todos los niveles y, por supuesto, fortalecer los entornos saludables".
Cada año, se registran en Puerto Rico aproximadamente 70 muertes de reos en las cárceles sin signos suicidas o de violencia, sino de falta de tratamiento para diferentes enfermedades o sobredosis de sustancias controladas.
Ante esto, el Dr. Arroyo refuerza la necesidad de reforzar la promoción de la salud mental y la parte vinculada a los servicios de salud mental, a pesar de que es una problemática conocida pero que requiere ser intervenida por parte del sector gubernamental, privado y comunitario.
"Es un tema que tiene que seguir presentándose como tema de discusión, plantearnos unos modelos de rehabilitación que respondan a los tiempos, y ciertamente, vincular a los sectores que trabajan la investigación y las nuevas respuestas que se dan en el ambiente externo a este tema de la salud mental, la rehabilitación con las complejidades que todo esto trae".
